Algunos integrantes de la Convención Constitucional han respaldado iniciativas de normas para la nueva Constitución que tendrían como efecto hacer imposible o limitar seriamente el desarrollo de la minería, como consecuencia de la prohibición de alterar de cualquier forma la naturaleza.  Otros convencionales constituyentes –y a veces también los mismos anteriores- han impulsado iniciativas para que el sector minero sea desarrollado exclusivamente por el Estado o sus empresas, o bien para que las normas que regulan la actividad minera privada –que representa dos tercios del total- dejen de tener la estabilidad y la certeza que han permitido transformar a Chile en líder mundial en producción de minerales.

Por mencionar sólo algunas consecuencias, el que no exista más minería implica que desaparezcan la mitad de las exportaciones nacionales, un 12% del PIB y la principal actividad económica de Antofagasta, Atacama y Tarapacá. El que la minería sea desarrollada exclusivamente por empresas públicas implicaría, además de las indemnizaciones por nacionalización, que dos tercios de la inversión anual –US$ 5 mil millones– tendrían que provenir del Fisco.  Las restricciones que ya ha estado teniendo Codelco al respecto hacen poco probable que pueda cubrir esta nueva brecha.  El Estado, que hoy percibe el 40% de las utilidades de la minería privada sin asumir riesgos, tendrá que sacrificar otros destinos urgentes de los recursos públicos para involucrarse en los vaivenes de la minería.  El que las concesiones mineras se precaricen y que la definición de sus elementos esenciales se postergue para una ley de quorum simple -sujeta a mayorías parlamentarias ocasionales- pondría la primera piedra para sepultar uno de los pilares fundamentales del éxito del sector minero, principal contribuyente del Estado.

Preocupa especialmente que algunas de estas iniciativas constitucionales pretendan extinguir o transformar la naturaleza jurídica de las concesiones mineras hoy vigentes, las que han sido constituidas por resoluciones judiciales, violándose así una de las limitaciones que la Constitución actual impone a la Convención Constitucional.

Las aspiraciones que parecen subyacer bajo los planteamientos de los convencionales son la mejora de los estándares de protección del medioambiente y de las comunidades cercanas a las faenas, así como una mayor participación de todas las personas en los beneficios que genera la minería. Como representantes de diversas organizaciones que constituyen el ecosistema del sector minero, compartimos plenamente estas motivaciones.  Sin embargo, creemos que es de la mano de la minería y no sin ella, que lograremos un mejor equilibrio entre protección del medioambiente, desarrollo social y crecimiento económico; es decir, el Desarrollo Sustentable.  Recordemos, por ejemplo, que el Banco Mundial ha dicho que no es posible el combate al cambio climático sin minerales.

Una nueva Constitución debiera reconocer que el Estado tiene el dominio absoluto de todas las minas, pero también contener normas que permitan seguir constituyendo concesiones mineras bajo un esquema que dé certezas, quedando entregada a una ley de quorum superior la determinación de las sustancias concesibles, así como los derechos y obligaciones del concesionario.  Consideramos necesario incorporar en la Constitución normas como el deber del Estado de promover y garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos minerales, y que los ingresos que éste perciba por patentes e impuestos mineros deban considerar en su destinación a comunas y regiones donde estas operaciones se desarrollan.  Como Compromiso Minero propusimos estos contenidos en una iniciativa popular de norma que logró más de 24.000 respaldos populares, pero que fue rechazada por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional.

Consideramos vital preservar la esencia de la regulación que ha permitido el desarrollo de los tres pilares de la minería chilena: el estatal, liderado por Codelco; el privado de mayor tamaño, tanto de capitales nacionales como extranjeros; y el privado nacional, pequeño y mediano.  Esta alianza público – privada ha sido clave para el desarrollo del país.  A esto se suma una industria proveedora dinámica y diversificada, enmarcada en un rico ecosistema de emprendimiento, tecnología, formación y educación.

No improvisemos ni experimentemos en este crucial proceso constituyente… Cuidemos la minería chilena en la nueva Constitución.

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