Este jueves 21 de abril el pleno de la Convención Constitucional votó en general el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, el cual contenía iniciativas observadas de cerca y con preocupación por diversos sectores de la minería, entre ellos gremios como la Asociación de Pirquineros de Tierra Amarilla. Una votación que finalmente devolvió los 52 artículos del informe para ser nuevamente revisados.

El informe no alcanzó el quórum de dos tercios requerido, obteniendo 98 votos a favor, 46 en contra y 8 abstenciones; en tanto las iniciativas presentadas habían puesto en alerta a representantes del sector como Joel Carrizo, Presidente de la Asociación de Pirquineros de Tierra Amarilla, Director de SONAMI y embajador de la red “Compromiso Minero” en Atacama, quien días antes de esta importante jornada había declarado estar expectante del resultado debido a que “las normativas no favorecen en nada a la pequeña minería”.

Cabe destacar que algunas de las mayores preocupaciones de los mineros correspondían a propuestas que precarizan la certeza jurídica de largo plazo que requiere la actividad minera, como la falta de información sobre concesiones; normas aprobadas que definen como “discriminatorias con la actividad minera privada” porque no justifican por qué los minerales no metálicos y sustancias como el litio sólo pueden ser explotados por el Estado y asuntos relativos a las zonas de exclusión.

Respecto de estas preocupaciones, desde Compromiso Minero realizaron una invitación a los convencionales para conversar y escuchar diferentes voces dentro de la minería; interiorizarse y trabajar en propuestas que apunten a fortalecer la industria que sustenta a nuestra región, sin afectar el medioambiente pero asegurando la sostenibilidad de la fuente de trabajo de tantas familias en Atacama.

Finalmente explicaron que el trabajo que realiza Compromiso Minero va en la línea de abrir espacios de diálogo entre diferentes actores del ecosistema minero para ayudar a los convencionales, ya que “en este proceso de diálogo constante que requiere la Nueva Constitución para dar respuesta a las demandas sociales que tenemos como país, es fundamental trabajar colaborativamente con la ciudadanía para conocer sus necesidades y hacer frente a los desafíos de una manera responsable, sustentable y sostenible en el tiempo”.