La propuesta busca que las normas constitucionales mineras den garantías suficientes para mantener un desarrollo sostenible. Además, pone énfasis en la protección medioambiental, promueve que más recursos queden en los territorios mineros y releva el rol de los minerales para hacer frente al cambio climático.

Con foco en la propuesta de normas constitucionales mineras que den garantías suficientes para mantener un desarrollo sostenible, la iniciativa pone énfasis en la protección medio ambiental, el aporte a las regiones y el desarrollo social.

Participan más de 50 entidades relacionadas al ecosistema minero, entre las que se encuentran universidades, proveedores, agrupaciones de profesionales, emprendedores e innovadores, asociaciones, gremios, y empresas de la pequeña, mediana y gran minería.